SIGUIENTES PASOS

La sociedad mexicana tiene altas expectativas en el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no hay marcha atrás para que el próximo 18 de julio operen en todo el país las piezas del nuevo mecanismo que nos permitirá acabar con la corrupción y la impunidad en México.

Por ello, sumando fuerzas con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras organizaciones, miles de voluntarios de COPARMEX, a través de las Federaciones y 65 Centros Empresariales de todo el país, estamos trabajando con organismos sociales locales, con universidades y con legisladores con el fin de realizar un esfuerzo colectivo para tener a tiempo los Sistemas Estatales Anticorrupción y para que queden conformados los cuerpos de ciudadanos que son el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ningún motivo vamos a aceptar que los ciudadanos que estarán al frente de los comités de participación ciudadana y los comités coordinadores de cada sistema local Anticorrupción sean nombrados por los gobernadores o surjan como resultado del reparto de cuotas partidistas, como se pretende en algunos estados que aún no han aprobado su Ley Estatal del Sistema Anticorrupción.

En este momento la prioridad es tener en las Fiscalías Anticorrupción locales y los comités ciudadanos a los mejores hombres y mujeres, íntegros, independientes, imparciales, y ajenos a cualquier conflicto de interés, que sean implacables contra todo acto relacionado con la corrupción.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción implica un cambio en el modelo y en los estándares de actuación de los actores políticos, pasando de una forma de hacer política pública de manera cerrada, en función de intereses partidistas, a otra abierta en la que la sociedad civil es actora, parte central y no solamente observadora.

Tenemos grandes pendientes:

  • La urgencia de que en el periodo extraordinario de Sesiones, el Congreso de la Unión apruebe el diseño de la Fiscalía General de la Nación y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción.
  • Que sean ratificados los 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que fueron propuestos por el Ejecutivo.
  • Que las 13 entidades que aún no lo han hecho, aprueben la Ley de su Sistema Local Anticorrupción;
  • Subsanar los defectos y carencias en las reformas constitucionales y en las leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción en los estados, en materia de integración del Comité Coordinador y de los Comités de Participación Ciudadana.
  • Que los Comités de Participación Ciudadana sean nombrados por un Comité de Selección ciudadano, como se hizo en el ámbito federal y no por los Congresos de los Estados como se pretende en algunas entidades de nuestro país.
  • Acelerar la Plataforma Digital Nacional, para que se conecte la información de los Sistemas Estatales Anticorrupción.
  • Asegurar el marco legal para que las Entidades Estatales de Fiscalización tengan las facultades y condiciones de autonomía conforme a la Ley Modelo para que funcionen adecuadamente.
  • Reducir los márgenes de discrecionalidad y aumentar el grado de control en el ejercicio del gasto público en las entidades federativas precisamente donde se dan más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y que no son atendidas, y donde por consecuencia se presentan más casos de corrupción.

Demandamos a los Congresos estatales aprobar en tiempo y forma las leyes y los Sistemas Locales Anticorrupción, respetando la esencia de los filtros y amortiguadores ciudadanos que son la única garantía de que se acabará con la discrecionalidad y de que se impondrá la fuerza de la acción institucional para que se denuncie, se procese y se sancione todo acto de corrupción.

En esta nueva etapa debemos atacar una de las causas estructurales de la corrupción a escala federal y estatal: la relación de conflicto de interés que hay entre el Ejecutivo y las entidades encargadas de fiscalizar su ejercicio, así como con las entidades responsables de investigar y sancionar los actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión.